Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad
Pompeu Fabra
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con
toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la
presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica
que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores
(la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como
consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española
que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda,
consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros
–como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría
convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a
comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al
Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como
el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el
Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los
acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los
alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las
instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a
unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española
a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones
financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco
central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A
aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean,
no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal
institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el
mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad,
por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una
sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente
calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment
público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es
central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa
se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta
defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad
Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien
dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en
contra de todos los demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme influencia de la
banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado español. Hoy, la
influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite
tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la
prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca.
La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento
de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa
precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las
instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor
difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al
comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y
medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para
invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es
decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento
de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado
del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del
país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a
las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas intentaron
y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al
descenso de la demanda de sus productos y servicios, consecuencia de la
disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares y también a la
gran carestía del crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia
de la banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones
inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que
llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que
han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas
superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran
pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la
UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54%
en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas
fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada
por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del
2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los
datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de
Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los
de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario
más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera
que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas
precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del
capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además
de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy
altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero
conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el
beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper
ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo
para la banca española sino también para la banca europea y, muy en especial, la
banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de
euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y
está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que
contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca,
incluida la alemana.
El llamado rescate al sistema bancario
Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión
del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de
40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que
pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad
del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la
banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el
propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la
eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca,
asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras).
Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en
su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a
la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España)
sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en
estos países”.
Las condiciones leoninas del rescate:
el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases
populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que
recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el
tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad
adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la
insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los
recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección
social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las
medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika
les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del
establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la
eurozona.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y
ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría
actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la
economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido
ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más
progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir
1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio
(consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones
(consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas
que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en
lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del
impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones
de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas),
consiguiendo con ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las
personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la
Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del
estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como
Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay
alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso
claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito
que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las
rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se
garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la
banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con
los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme
poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la
destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada
de salarios y la desaparición del estado del bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las
movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al
Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del
congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba
ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la
violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales
políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la
mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al
servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido
aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que
están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los
partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están
violando la democracia.
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